Diario NORTE HOY - El director del Hospital José María Gomendio, Dr. Rubén Millán, negó categóricamente las acusaciones del concejal Luis Algasibiur, quien había denunciado supuestas irregularidades en la contratación de médicos sin matrícula provincial. Mediante una carta pública, Millán desmintió que existan contrataciones fuera del marco legal y explicó que “todos los médicos que trabajan en el sistema de salud de Ramallo, ya sea como empleados permanentes o contratados, tienen su título habilitante. Si no lo tuvieran, simplemente no podrían ser contratados”. El funcionario aclaró que los casos mencionados por el concejal corresponden a situaciones puntuales de reemplazos, donde profesionales provenientes de la provincia de Santa Fe cubren guardias esporádicas por ausencias. “Esto puede suceder una o dos veces al año y no tiene sentido que se les exija matriculación en la provincia de Buenos Aires para una intervención tan acotada”, afirmó Millán. Asimismo, enfatizó que estos profesionales cuentan con los seguros de mala praxis y cobertura personal correspondientes, como parte de los requisitos mínimos para prestar servicios, incluso en modalidad temporal. “Es de sumo interés del intendente Mauro Poletti y de esta Dirección del hospital lograr la optimización de cada uno de los servicios del Gomendio y sus Unidades Sanitarias, destinados a la salud de nuestros ciudadanos”, expresó Millán en el documento difundido. Las declaraciones del director buscan poner fin a la controversia que se generó tras la intervención del edil en el Concejo Deliberante. En ese marco, el hospital reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión y con el acceso de la comunidad a un sistema de salud eficiente y seguro. Desde NORTE HOY se continuará haciendo seguimiento a esta situación para garantizar que la comunidad esté informada con responsabilidad y rigor periodístico. Opinión pública: En un contexto de creciente demanda sobre los servicios de salud pública, el manejo de recursos humanos en hospitales municipales requiere tanto agilidad como legalidad. La aclaración oficial intenta equilibrar la necesidad operativa con las obligaciones administrativas, aunque será el tiempo —y la supervisión política— el que determine si estas prácticas son aceptadas por la sociedad.